El pasado 2017, Messi finalizó la compra del hotel MiM de Sitges a cambio de 30 millones de euros, gestionado por a la cadena Majestic
. Un hotel “boutique” de cuatro estrellas superior, según su propia web, con todo tipo de servicios como un “sky bar”, gimnasio, piscina y demás. Pero lo que le hace realmente especial, es que tiene pendiente una orden judicial firme de demolición.
Según El Confidencial, el argentino compró el edificio sin saber que incumplía la normativa urbanística y que el municipio de Sitges había ordenado el derrumbamiento de este. Todo ello, porque el dueño anterior al que le compró el hotel Messi, Francisco Sánchez Rodríguez, sobrepasó los límites autorizados para la construcción del inmueble.
Concretamente, de unos balcones que sobresalían unos dos metros de la fachada y que se encontraban enraizados en la estructura del edificio, por lo que para corregirlos y legalizarlos hay que derrumbar el hotel por completo. “Es imposible poder derribar únicamente los elementos salientes, ya que están sustentados en la estructura”, afirmó Sánchez Rodríguez en un escrito al municipio.
Sin embargo, la polémica real llega cuando este decide en 2017 desprenderse del hotel y lo vende a Messi, sin revelar el estado real del edificio y sus irregularidades. En la escritura notarial que ha sacado a la luz el citado medio, el empresario afirma que “no existen procedimientos sancionadores por causas urbanísticas ni procedimientos de restauración de la legalidad urbanística incoados en relación con ella”, todo lo contrario a lo que decían los informes.
Por su parte, Sánchez Rodríguez se defiende y niega las acusaciones. “Es mentira. No hay orden de derribo contra los balcones. Los balcones no existen, hace años de esto. El ayuntamiento se pasó por el forro el tema de los balcones. Estaba aprobado inicialmente, pero el nuevo ayuntamiento lo sacó del pleno. Ya se enterarán pronto de lo que va el tema”, cita el diario.
No obstante, el municipio insiste en que “la sentencia es firme y les da la razón”, aunque todavía se “debe valorar técnicamente cuál es la manera de dar cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta los riesgos”.
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