Los dueños de una gasolinera en Mendoza, Argentina, fueron condenados a pagar 150.000 pesos argentinos (equivalentes a más de 1.500 dólares) a una empleada que era obligada a usar un uniforme que no era de su medida.
De acuerdo a Crónica, el conflicto se inició en 2012 cuando despidieron a la trabajadora tras negarse a usar unas calzas apretadas de talla menor a la de ella. “Todo el tiempo me piropeaban, se referían a mi contextura física, o me ofendían con frases inapropiadas”, aseguró la mujer.
Según la acusación de la víctima, en una ocasión decidieron renovar las prendas de los hombres por unas más cómodas, tipo overol. En ese momento, la trabajadora pidió prestada una de ellas para trabajar.
Según los datos entregados, tras esa decisión fue sancionada con tres días de suspensión y posteriormente fue despedida. Los dueños de la bomba de bencina querían a toda costa que usara las calzas apretadas.
El juez justificó su decisión porque los hechos generaron “afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar”.
Agregó que “además había una notoria diferencia respecto del uniforme que era exigido al personal masculino, sumado a la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación al futuro de su situación laboral”.
“Se configuraron hechos y situaciones que colocaron a la trabajadora en una situación de vulnerabilidad y discriminación por razones de género”, finalizó el magistrado a cargo del caso.
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